Cuando el juez constitucional impone mediante sus sentencias una determinada ideología, en perjuicio de las demás que se baten legítimamente en el juego democrático, no sólo ignora las diferencias esenciales entre Política y Derecho, sino que compromete las competencias del Parlamento y, en definitiva, la autonomía política de la sociedad. Frente a ello, la doctrina de la deferencia judicial nos recuerda las limitaciones de la jurisprudencia y doctrina constitucionales como herramientas de solución frente a los problemas políticos y la importancia de preservar la referida autonomía