La presente monografía trata de abordar dos realidades de absoluta actualidad que plantean importantes problemas económicos y sociales por sí mismas y en su interrelación. La primera de ellas es la del control de racionalidad del gasto público en su vertiente de gasto fiscal. Y es que el gasto fiscal generado por la pérdida recaudatoria derivada de los beneficios fiscales insertados en el ordenamiento tributario solo puede quedar legitimado, en cualquier contexto, pero especialmente en aquellos como el actual de suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria, si está bien aplicado, es decir si con ellos se resuelve el problema para el que se articulan, y si además lo hacen en términos de proporcionalidad entre el resultado alcanzado y la pérdida recaudatoria generada. Hablamos así de la absoluta necesidad de que en el ámbito de los beneficios fiscales imperen criterios de racionalidad económica que también serán jurídicos por la inexorable conexión que debe producirse en esta materia. Sentar las bases y unas pautas jurídicas para el establecimiento de cualquier modelo de política fiscal racional, es decir, de cualquier conjunto de medidas de beneficio fiscal organizadas y planificadas para un concreto objetivo promocional, es por ello el primero de los objetivos del presente trabajo. El seguimiento de estas pautas, que no son nuevas al derivar de una exigencia constitucional deficientemente desarrollada y controlada, pero que resultan ineludibles en el reciente contexto de evaluación de políticas públicas institucionalizado en nuestro país tras el apremio efectuado para ello desde Europa, nos debe llevar a revisar y trasladar dichas pautas de actuación al ámbito interno de cualquier decisión política de gasto fiscal. Pero este no es el único objetivo del trabajo. Otro de los temas que presenta una especial atención pública en la actualidad es, sin duda, el de la cohesión territorial. Sustentado en el principio de solidaridad que debe buscar el desarrollo equilibrado de las distintas partes del territorio de la Unión y, en consecuencia, de nuestro territorio, y desde el que subyace el derecho a una dignidad de trato equiparable, en términos relativos, de todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que habiten, no hay institución ni organismo público o entidad privada relevante que no haya intentado abordar en los últimos tiempos, mediante análisis y propuestas de actuación pública, los graves problemas existentes en las zonas más necesitadas de intervención, tales como los generados por el vaciamiento poblacional o la pérdida de base económica resultante o condicionante del mismo. Muchas de estas actuaciones se han llevado a cabo sin embargo por meros impulsos políticos, que han podido ser desde luego bienintencionados, pero que no han logrado paliar los problemas existentes, en gran medida, porque no han estado configuradas ni desde la estructura de acción ni desde el enfoque técnico apropiado. Las necesidades y problemas específicos de un territorio deben quedar recogidos en un marco general de planificación integral que evalúe las actuaciones y medidas oportunas, sin que resulte posible obtener resultados eficaces si no existe un estudio sopesado y riguroso de pertinencia. Revisar los principales motivos que han dado lugar a actuaciones infructuosas, y las exigencias que conlleva el planteamiento de actuaciones y medidas desde una planificación integral del territorio será el elemento que nos permitirá situarnos definitivamente en el plano fiscal que interesa en el trabajo. Siendo el instrumento fiscal uno de los mecanismos empleados para articular actuaciones dirigidas a la mejora de la cohesión territorial, lo que importa al objeto del trabajo es precisamente analizar la forma en que hasta ahora se han previsto en nuestro ordenamiento las diferentes medidas de beneficio fiscal. Y ello con una doble intención: analizar estas medidas desde la verdadera potencialidad que el tributo presenta para articularlas; y enjuiciarlas, si cabe de alguna forma, desde los criterios de racionalidad del gasto fiscal generado. Las conclusiones que puedan extraerse del análisis crítico de las medidas fiscales previstas nos deben permitir efectuar, con las imprescindibles cautelas que se expondrán debidamente, nuestra oportuna propuesta, no tanto de un conjunto completo y cerrado de medidas específicas, como del modo de poder identificar y planificar las más oportunas. La finalidad del trabajo no es, por tanto, sentar unas bases teóricas sin más de cualquier política de gasto fiscal racional, sino, junto a ella, la de trasladar estas bases de racionalidad al ámbito concreto de la promoción de la cohesión de ciertos territorios necesitados de reequilibrio. Se trata por ello de obtener las conclusiones oportunas que derivan de esa interconexión de planteamientos, desde la revisión de cuestiones normativas internas y comunitarias, pero también desde los elementos y análisis conexos que se derivan de esta relación. El enfoque desde el que se aborda este trabajo es eminentemente jurídico, asentándose por ello principalmente en el análisis normativo y doctrinal correspondiente. Ahora bien, el ámbito principal sobre el que se trabaja, el gasto fiscal y su traslación al que se puede generar para la promoción de la cohesión territorial exige de una imprescindible conexión de conocimientos que va a aportar al estudio jurídico un elemento fundamental e indispensable de comprensión. Estamos sin lugar a duda ante uno de esos ámbitos en el que el conocimiento interdisciplinar es absolutamente imprescindible. De este modo, tanto el análisis de racionalidad de un gasto fiscal como el de la planificación territorial y el de la promoción en general o la particular fiscal de la cohesión territorial, exige cada uno, pero también, y, por supuesto, en su relación, de elementos de investigación de disciplinas extrajurídicas, principalmente económicas, pero también de otra naturaleza, que se integren para avanzar en el saber. Esta interconexión de conocimientos que, por supuesto, debe hacerse respetando la metodología de cada una de las disciplinas correspondientes es la que va a permitir efectuar el engranaje de conocimientos necesario para dar respuesta a las diferentes cuestiones que se suscitan . La investigación realizada no ha pretendido por ello agotar cada elemento de análisis, puesto que cada aspecto individualmente considerado requiere de una metodología de aproximación y reflexión diferente que debe ser estudiada en profundidad por cada disciplina, sino que lo que se busca es obtener un resultado que, sustentado precisamente en esa interdisciplinariedad y utilizando por ello las conexiones oportunas entre conocimientos, nos permita llegar a un planteamiento integral que de sentido pleno al propiamente jurídico que nos preocupa. Tanto en el tema de la racionalidad del gasto público y fiscal como en el del desarrollo equilibrado de los territorios y, por supuesto, en el resultante de su relación, deben emplearse por ello estructuras lógicas de razonamiento que deben quedar integrados en nuevas estructuras lógicas de disposición del conocimiento. La construcción del tema de la planificación fiscal racional como instrumento de una planificación integral del territorio solo puede abordarse, por tanto, desde esta revisión compleja de distintas áreas del saber que entrelazándose permitan la obtención de unos resultados de interés . El trabajo que se ha desarrollado trata de evidenciar esa necesidad, sentando las bases que permitan abordar con profundidad cada uno de los temas que se suscitan en él.

Proyecto "Fiscalidad del emprendimiento digital" Referencia TED2021-130701B-100 financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por la Unión Europea NextGeneration EU/PRTR