Derivada de las directrices internacionales, México ha centrado su atención en el delito de lavado de dinero, llamado operaciones con recursos de procedencia ilícita, convirtiéndolo en uno de los ejes fundamentales de su política criminal, lo que constituye una evidente manifestación expansiva del derecho penal, rompiendo los postulados de un derecho penal garantista, de carácter subsidiario y de mínima intervención, convirtiendo al derecho penal en un mero instrumento político de represión, confundiendo con ello el correspondiente objeto del delito, con el objeto de tutela de la norma penal, ninguna reforma penal puede ser aceptada si no se encuentra perfectamente encaminada a la verdadera protección de un bien jurídico