El análisis de la criminalidad de la empresa requiere de una distinción importante a la hora del establecimiento de los distintos sistemas de control que pueden implementarse, en aras de la detección y prevención delictual, con independencia de su interrelación aplicativa. De ahí, que podamos distinguir una criminalidad ad intra o intraempresarial, que atenta contra bienes jurídicos de la propia empresa, de aquella que tiene como objetivos los bienes jurídicos de terceros, también conocida como criminalidad ad extra. Dentro de la criminalidad intraempresarial es necesario distinguir, atendiendo al sujeto activo, aquella que comete cualquier subordinado o empleado (como puede ser un delito de daños o de hurto), de aquella que es cometida por personas que poseen cargos con responsabilidad, en clara alusión a los directivos, en quienes se concentran las facultades de decisión y disposición de los intereses de la empresa. Si bien los instrumentos de control por posibilidades delictivas cometidas por los inferiores en la escala jerárquica dentro de la estructura empresarial pueden implantarse bajo la cobertura de la relación laboral, cuando tratamos de expectativas delictuales que propician los propios directivos de la corporación, tales instrumentos de fiscalización adquieren cierta complejidad en su mayoría ineficaces, ante una subcultura empresarial legitimadora y los vericuetos derivados de la delincuencia económica.