Entender el origen del derecho penal y cómo se cimentó, permite entender en un recuento sociohistórico, las razones de un derecho penal tal, que hoy día se encuentra en una encrucijada, como lo explica Ferrajoli*, entre consagrar y reprimir derechos; una pretensión no excluye a la otra, pero en las prioridades está la diferencia, ya que al estructurar las políticas públicas de la criminalidad en un sentido o en otro, la pretensión que queda en segundo plano se diluye, extinguiéndose la posibilidad de garantizar derechos para las personas involucradas en y frente a la justicia penal, por ejemplo, cuando la prioridad es la pretensión punitiva. El control por el derecho siempre ha afectado a las mismas personas, generalmente en condición vulnerable por la marginalidad social a la que quedaron expuestas; marginalidad condicionada por lo económico y con afectaciones claras a la posibilidad de acceder al goce y ejercicio de derechos como la salud, educación, desarrollo, etcétera y, también, al de la justicia. En ese sentido, el derecho penal ha servido más para el control de la pobreza y la disidencia; control de aquellos a los que ha dejado al margen del desarrollo y del acceso a derechos; no garantizarles tal acceso, ha tenido como resultado la exacerbación del control sobre ellos