El control económico y social necesario para garantizar la convivencia debe mantenerse dentro de unos límites razonables, lo cual no sucede en los últimos tiempos, porque la Ley orgánica 5/2010 añade otra reforma más a la ya larga lista de modificaciones en materia de blanqueo, que atenta contra la seguridad jurídica y la consideración del Derecho penal como ultima ratio. En esta línea la reforma introduce el castigo de la posesión y la utilización carentes de finalidades como nuevo instrumento de control económico y social para alcanzar a todos los que tengan el más mínimo contacto con los bienes delictivos.