En una democracia moderna es indiscutible la utilidad de los sistemas de inteligencia del Estado. Sin embargo, en ocasiones sus actuaciones pueden afectar derechos fundamentales de las personas y familias, principalmente los relacionados con la intimidad y la protección de datos personales. En este artículo, el autor resalta la ausencia de una regulación en la legislación española, así como de un procedimiento para que los ciudadanos puedan oponerse a los excesos de las agencias encargadas de combatir el terrorismo y la delincuencia organizada.