En España, la actividad constructora e inmobiliaria es considerada por la Administración como un área de riesgo fiscal de atención prioritaria por la Inspección Financiera y Tributaria1, y por ello, el legislador, con motivo de la aprobación de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria - en adelante LGT- y de cara a combatir las bolsas de fraude fiscal existentes en dicho sector3, ha creído idóneo para tal fin transponer al ámbito tributario el supuesto de responsabilidad regulado en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -en adelante ET-, estableciéndose así en el artículo 43. 1 letra f) LGT un supuesto de responsabilidad tributaria en la contratación y la subcontratación que supone una de la mayores novedades introducidas por la LGT.