Hoy en día se considera que los cuidados paliativos son un derecho de los ciudadanos. Nadie rechaza, pues, que se limite el esfuerzo terapéutico en enfermos terminales que padecen graves sufrimientos o que se les administre sedación paliativa. Esto es así porque se admite que el enfermo terminal es una persona libre y autónoma que, bien informada, debe decidir cómo quiere morir. Sin embargo, esa autonomía tiene un claro límite: la eutanasia y el suicidio asistido son ilegales. En este trabajo defendemos que esa limitación de la autonomía no se apoya ni en argumentos morales definitivos ni en la opinión de la población española, lo que genera serias dudas sobre los motivos para sancionar ambas prácticas.

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