La pandemia ha supuesto un gran desafío para federaciones y sistemas multinivel, debido al alto grado de coordinación institucional requerido para combatir al virus. En el ámbito específico de los cuidados de larga duración, la fragmentación entre sanidad y servicios sociales en muchos países ha dificultado la respuesta a la amenaza que la COVID-19 ha supuesto para las personas mayores institucionalizadas. Este artículo analiza la respuesta de España, un Estado ampliamente descentralizado, a la crisis de la COVID-19 en residencias de personas mayores durante 2020, poniendo el foco en los mecanismos de coordinación institucional (intergubernamental e intersectorial). Con ello se pretende ofrecer evidencia relevante sobre los elementos facilitadores y las barreras a la gestión institucional eficaz de la crisis sanitaria. Se han realizado entrevistas semiestructuradas con informantes clave (n=30) y un estudio documental. Los principales resultados sugieren efectos negativos del incompleto conocimiento de los responsables políticos de sanidad sobre el sector residencial, el insuficiente grado de coordinación entre departamentos de sanidad y de servicios sociales en las primeras semanas, el escaso número de reuniones de coordinación intergubernamental en servicios sociales, la falta de preparación previa y los problemas de datos e información. Del otro lado, se observa el impacto positivo de la creación de mecanismos formales ex novo (comisiones, comités…) y el uso de mecanismos informales (como grupos en plataformas de mensajería) para el intercambio de información y toma de decisión política. Se concluye la necesidad de una mayor integración de los objetivos y estrategias entre sanidad y servicios sociales en el ámbito sociosanitario tanto a nivel nacional como regional.