El 3 de mayo de 2008 entró en vigor en España la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU. Pocos días antes, el 30 de noviembre de 2006, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre), conocida como ‘Ley de Dependencia’. Ésta es la ley social más reciente de carácter estatal que se aplica en el ámbito de las personas con discapacidad. Según los autores de este artículo, varios estudios ya realizados han puesto de manifiesto que vulnera numerosos aspectos regulados en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, por lo que, como todo elemento del ordenamiento jurídico que contravenga o no esté de acuerdo con lo establecido en las convenciones internacionales ratificadas por el Estado español, deberá modificarse. A partir de ese planteamiento, el objetivo del artículo es el de proceder, de manera concreta, al análisis de los conflictos que se plantean entre el articulado de la Ley de Dependencia y el artículo 19 de la Convención, que regula el “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, para llegar a mostrar que dicha Ley no constituye un instrumento efectivo para la promoción de la autonomía personal de quienes se hallan en situación de dependencia.

Este artículo se inscribe dentro del Proyecto “Filosofía de las tecnociencias sociales y humanas” (FFI2008-03599) del Plan Nacional de I+D+i (2008-2011), y del Proyecto Intramural del CSIC “Discapacidad, envejecimiento y calidad de vida”.

Este artículo está basado en la ponencia que fue presentada en el II Congreso Anual de la Red Estatal de Políticas Sociales (REPS), “Crisis económica y políticas sociales”, celebrado en Madrid el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010.

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