La Ley de la Ciencia de 1986 ha resultado un elemento capital para el desarrollo de la actividad investigadora en España en los últimos veinte años. Sin embargo, durante este periodo, diversos desarrollos legislativos han modificado de tal manera el contexto jurídico-administrativo que se está obligado a plantear una nueva Ley de la Ciencia que, además de adaptar la antigua al contexto actual, de naturaleza más global y en el que Europa juega un papel central, modifique muchos aspectos del actual marco jurídico. En este contexto la recientemente aprobada Ley de Agencias Estatales cubre una importante carencia.