El terremoto de Lisboa, como es sabido, tuvo también en Andalucía una fuerte repercusión, que no terminó a las 24 horas del temblor del 1 de noviembre de 1755. Por el contrario, aunque en Sevilla las víctimas mortales fueron escasas, los daños materiales fueron muy cuantiosos, dejando gran parte del caserío de la ciudad en estado de ruina o de próxima ruina. Esta situación llevó a las autoridades a tomar medidas de emergencia y a crear una junta municipal especial que tratase los problemas derivados. La actuación de esta junta a lo largo de los años 1755, 1756 y hasta agosto de 1757, cuando cesó en sus funciones, así como la del propio cabildo del ayuntamiento, generó una documentación que no ha sido utilizada hasta ahora para describir y analizar los procedimientos con que los poderes locales en el siglo XVIII se enfrentaban a las consecuencias de una catástrofe de esta magnitud. En anteriores comunicaciones, hemos tratado de aproximarnos a las interpretaciones teóricas, de tipo religioso o científico, que generó el terremoto, así como hemos procurado ver otros aspectos del fenómeno. Ahora, nos interesa un acercamiento más político, y más práctico, pues los miembros del cabildo, aunque acuerden rogativas para agradecer la protección de las santas patronas y para rogar por la no repetición del seísmo, tenían prioridades muy terrenales, como evitar que la ciudad se viniera abajo, y la junta municipal se creó para realizar el seguimiento de las demoliciones acordadas y de las demás medidas preventivas que el ayuntamiento (y también el gobierno) había tomado para impedirlo. Hay que destacar, entre estas actuaciones, aparte de las relacionadas con la construcción, las restricciones al tráfico rodado en el casco céntrico de la ciudad.

Textos de comunicaciones defendidas en la X Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, previa evaluación ciega por pares.

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