En España, desde la aparición del Estado de las Autonomías, la Ordenación del Territorio ha ido consolidándose como política pública ejercida por las Comunidades Autónomas. La Constitución Española de 1975 enumera en su artículo 148.1 las competencias que podrán ser asumidas por las Comunidades Autónomas, y entre ellas ¿gura la ordenación del territorio, vinculada a su vez a las competencias en urbanismo y vivienda. En el periodo de casi 20 años que transcurrió desde 1983 a 2001, las Comunidades Autónomas se han dotado de sus propias leyes de ordenación del territorio, estableciéndose un corpus legislativo autonómico diverso y desarrollado con un amplio margen temporal. En paralelo, se han ido aprobando e implementando diferentes planes de ordenación del territorio, de ámbito regional y subregional.Durante todos estos años, el desarrollo de la ordenación del territorio se ha caracterizado por su complejidad y por la gran diversidad en la práctica de esta política tanto en España como internacionalmente. La multiplicidad de escalas y actores territoriales que intervienen, el riesgo en la toma de decisiones y la incertidumbre requieren nuevas formas de gobernanza basadas en los principios de participación extendida y transparencia en los procesos administrativos (Segura, 2017; Segura y Pedregal, 2017).

Trabajo presentado en el XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía, celebrado en Valencia (España) del 22 al 25 de octubre de 2019.