El Santo Oficio, para conseguir salvaguardar los territorios de la Monarquía Hispánica del veneno de la herejía, debía inspeccionar todos y cada uno de los barcos que atracasen en los puertos de su jurisdicción. La visita de navíos se efectuaba incluso antes que la de las propias autoridades portuarias y locales, quienes, por otro lado, intentaron siempre defender sus intereses y se enfrentaron en no pocas ocasiones al poder inquisitorial, amparado en esta cuestión porlos sucesivos monarcas. Los funcionarios del Santo Oficio que llevaban a cabo las visitas actuaban siguiendo detalladas instrucciones remitidas desde el Consejo de la Suprema y desde los diferentes tribunales de distrito, pero carecían de un poder fáctico que les permitiese reaccionar ante imprevistos de cierta importancia, de modo que son frecuentes las consultas elevadas por estos funcionarios a sus superiores en las que exponen sus dudas procedimentales. En 1611, laInquisición de Logroño recibió aviso de que se disponía a arribar al puerto de San Sebastián, que estaba bajo su jurisdicción, el embajador inglés John Digby, que venía a España en misión diplomática junto con su esposa y toda su cassa. Los inquisidores sabían que debían inspeccionar la nave buscando escritos u otros objetos de posible cariz herético, pero desconocían cómo actuar si el equipaje a registrar pertenecía a un embajador extranjero. En sus archivos no constaba ningún precedente similar, no tenían suficiente poder de decisión y se mostraban temerosos de causar lo que podría ser un incidente diplomático. La presente comunicación pretende ser un estudio del conflicto que se planteaba en aquel momento para el Santo Oficio y que podría afectar al control que ejercían sobre todos los puertos de la Monarquía.

Textos de comunicaciones defendidas en la X Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, previa evaluación ciega por pares.

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