A lo largo de los siglos modernos, el libro fue considerado por las autoridades al mismo tiempo un factor favorecedor del bien común y un elemento peligroso y desestabilizador. En el caso de España, el Estado contó para controlar la difusión de libros perniciosos con la ayuda del Santo Oficio, encargado desde mediados del siglo XVI de su censura a posteriori, es decir, una vez que estaban en circulación. Las tareas de la Inquisición en este terreno incluían el control de los puertos, por donde se temía especialmente la entrada de libros prohibidos. El poroso distrito sevillano, que abarcaba también las actuales provincias de Huelva y Cádiz, contaba con muchos kilómetros de costas por donde podían colarse estos libros prohibidos, elemento especialmente peligroso en un área geográfica donde los intercambios comerciales y, sobre todo, la cabecera de la Carrera de Indias atrajeron a importantes colonias de extranjeros. Los puertos eran, en palabras de los propios inquisidores sevillanos, "las puertas por donde la mala ventura ha de entrar". Esto provocó desde muy temprano su desvelo, que ha quedado reflejado en la abundante correspondencia entre el tribunal sevillano y el Consejo de la Suprema, custodiada hoy en el Archivo Histórico Nacional. Mediante el análisis de dicha documentación, este trabajo se propone conocer la organización de la vigilancia y control de los puertos de Andalucía occidental de cara a controlar la entrada de libros prohibidos en el siglo XVI, cuando el nacimiento de la Reforma y la creciente circulación de libros que conllevó la consolidación de la imprenta provocaron que este problema se hiciera más acuciante. Intentaremos conocer el grado de eficacia del sistema, así como su evolución y los cambios que sufrió con el tiempo, tanto en la forma de gestión como en el tipo de libros que se persiguieron.

Textos de comunicaciones defendidas en la X Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, previa evaluación ciega por pares.

Peer reviewed