Las rentas mínimas de inserción, también conocidas como salarios sociales, son un conjunto heterogéneo de políticas públicas creadas a finales de los años ochenta y principios de los noventa por iniciativa de las Comunidades Autónomas que son las responsables de regularlos, gestionarlos y financiarlos. Se trata de programas diversos que tienen como denominador común proporcionar un conjunto de prestaciones para familias o individuos en situación de necesidad (Aguilar, Laparra y Gaviria, 1995; Ayala, 1994; 1997). El ámbito de aplicación de este tipo de políticas públicas es el de las nuevas formas de pobreza y marginación social en las sociedades contemporáneas, también denominadas exclusión social. Las situaciones de exclusión social a las que están destinadas corresponden a una población heterogénea que se estima entre el 1 y el 3% de las familias españolas (CES, 1997:131). Los programas puestos en marcha bajo la denominación de rentas mínimas de inserción tienen un doble objetivo. Por una parte, garantizar un ingreso mínimo a las personas que acrediten su situación de necesidad y, por otra, favorecer la inserción social de los perceptores. A pesar de esto, las formas de organización, la cantidad de recursos disponibles y la filosofía última del programa difieren entre Comunidades Autónomas. Esta contribución se basa en una investigación cuyo objetivo ha sido analizar las dinámicas generadas en la implantación de las políticas de rentas mínimas, dinámicas relacionadas tanto con las trayectorias seguidas por los diversos colectivos de perceptores, como con los profesionales que lo han puesto en marcha. Con esta investigación se ha procurado aportar a los estudios ya existentes: una perspectiva dinámica de los procesos sociales que se desarrollan en torno a esta nueva política. una perspectiva que considere que el Programa es empleado por los diferentes actores que participan en él. Todos los implicados son ‘usuarios’ del mismo ya que, en torno al mismo, desarrollan estrategias para conseguir sus objetivos y defender sus intereses[2]. Los programas de rentas mínimas de inserción se orientan hacia unos objetivos generales -exclusión e inserción sociales- y, en cierta manera, suponen unos nuevos derechos o recursos en manos de unos colectivos desfavorecidos. Esta investigación extrae evidencias sobre cómo se seleccionan estos colectivos y cómo éstos acceden a los derechos. Es decir, cómo se produce la implementación del programa, cómo se traduce en derechos y para qué colectivos. En esta contribución se consideran las principales dinámicas localizadas en el caso madrileño y se van a contrastar con los resultados obtenidos en las Comunidades Autónomas que han servido de referencia. Las dinámicas contempladas se articulan en torno a los ‘usos’ que los diferentes protagonistas de los programas hacen de los mismos. Se analizan, en un primer momento, las principales consecuencias que tiene la ambigüedad de los términos exclusión e integración social en el funcionamiento del Programa, que condiciona, en buena medida, el uso del mismo. Se consideran, asimismo, los usos que las familias acogidas y los profesionales del trabajo social hacen del programa, así como el uso concreto que del mismo se hace en el conjunto del sistema de protección social. Por último, se analizan tres ‘usos’ prototípicos del programa que son el resultado de la interacción de las diferentes estrategias de usuarios y profesionales, así como del papel del Programa IMI en el sistema de protección en su conjunto.

Publicado como A. Arriba y A. Serrano, "Dinámicas sociales vinculadas al Programa del Ingreso Madrileño de Integración", en Escuela de Trabajo Social, I Foro de Trabajo Social: Acciones contra la exclusión social, 29-67, Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1999.

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