Los grandes ‘perdedores’ en los procesos de ajuste presupuestario y financiero emprendidos durante el período transcurrido de la Edad de Bronce han sido indudablemente los programas y actuaciones relativos a los denominados “nuevos riesgos sociales” (NRS), dado que, en general, los gobiernos han compartido la estrategia de reducir el gasto público en vez de incrementar los ingresos estatales para equilibrar las cuentas. Recuérdese que los NRS se asocian a cuatro desarrollos principales: (1) Cambios en los roles de las mujeres manifestados en la mayor participación femenina en el mercado formal de trabajo, con una intensificación de las demandas en favor de la igualdad de género en la educación y formación, y las condiciones salaries y de empleo; (2) Transformaciones en los hogares y las familias, que se han reflejado en el incremento del número de personas mayores dependientes, así como en el aumento de las necesidades de atención y cuidados para niños y jóvenes, y del mayor número de hogares monoparentales y unipersonales; (3) Cambios en el mercado laboral con una extensión de la exclusión social entre aquellos trabajadores con un menor nivel educativo y con empleos “atípicos” y de baja cualificación, con salarios reducidos y con menores derechos laborales; y (4) La expansión de los servicios privados, y la desregulación de las prestaciones y servicios públicos. Todo ello, unido a la maduración de los sistemas de pensiones y los mayores costes de los cuidados, se ha traducido con frecuencia en una menor intensidad de las prestaciones sociales y en un endurecimiento en la accesibilidad a los servicios del bienestar.

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