Entre la guerra de la Independencia y la Constitución de 1837 se suceden en territorio peninsular y en las posesiones americanas del Imperio español múltiples sucesos que acabaron por señalar el camino que siguió el liberalismo peninsular para dilucidar una vieja cuestión: la del ordenamiento jurídico y político que debía aplicarse en los territorios de Ultramar. Lejos de tener el liberalismo peninsular una opinión monolítica respecto a los dominios coloniales el estudio del caso puertorriqueño nos muestra cómo hubo diferentes “sensibilidades” dentro del liberalismo y cómo éstas coexistieron incluso dentro de la Administración insular de los periodos absolutistas. Los procesos bélicos que llenan la historia peninsular en todo el período de estudio y los desastres naturales que afectan al suelo puertorriqueño -especialmente virulentos en la década de los treinta del siglo XIX- contribuyeron a un estado de cosas que condujo al alejamiento progresivo de las elites locales respecto a la política fiscal colonial seguida por la metrópoli. Este descontento, de base fiscal, se retroalimentó con las medidas políticas que la Constitución de 1837 introduce: la expulsión de los diputados americanos de las Cortes por un lado y la no aplicación de la normativa constitucional en las Antillas y Filipinas, dando lugar a una situación delicadísima que estuvo a punto de poner en peligro la estabilidad e incluso la existencia del llamado Imperio insular.