La confianza política es universalmente considerada buena para la democracia. Por un lado, se argumenta que altos niveles de confianza en los políticos, los partidos políticos y las instituciones políticas es sinónimo de buena salud democrática, y, por otro lado, se afirma que la confianza política es un valioso activo para el funcionamiento de las instituciones. Se supone que la confianza política afecta al deseo de los ciudadanos en general de pagar sus impuestos, al deseo de los más talentosos de esos ciudadanos de entrar en la administración pública, al cumplimiento voluntario de las leyes (Nye, 1997: 4; Norris, 1999: 8), y, más en general, al cumplimiento voluntario de las políticas gubernamentales (Levi, 1997: 19-20). En décadas recientes, los niveles de confianza política han estado descendiendo incesantemente en los Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, y la mayor parte de los autores consideran que las consecuencias predecibles de este declive serán negativas (Hetherington, 1998).

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