The recent amended article 135 of the Spanish Constitution imposes the mandate to all Public Administrations to act according to the principle of budget stability. This constitutional norm has been developed by the Organic Act 2/2012, of 27 April, of Budget Stability and Financial Sustainability. This Organic Act has conceived this principle in relation to local entities as an obligation to hold a balanced budget and it does not allow to these entities to fall into a structural deficit. This limit does not apply to the Central Government and Autonomous Communities. This article analyzes the issues that derive from this limit imposed to local entities and it begins by addressing a basic question –not clear in the legislation in force– which is the understanding of the concept of balanced budget

El reformado artículo 135 CE impone que todas las Administraciones Públicas adecúen sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el precepto constitucional, ha traducido este principio para las entidades locales como una exigencia de equilibrio presupuestario, y no permite a estos entes incurrir en el menor déficit estructural, lo que sí permite al Estado y a las comunidades autónomas. En este trabajo se analizan los problemas que derivan de estos requerimientos a las entidades locales, que empiezan por una cuestión básica como establecer en qué consiste el equilibrio presupuestario, ya que la normativa vigente no lo aclara

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación “La reforma de las Haciendas locales y el fortalecimiento de la garantía de la autonomía local” (Referencia DER2009-14265-C02-02), financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad