El artículo examina la figura del decomiso de patrimonio de origen no justificado, incorporada en la Directiva (UE) 2024/1260, y su posible aplicación en España. Se analiza el estándar probatorio exigible, así como el impacto que esta figura puede tener sobre determinados derechos fundamentales. Todo ello en un contexto donde los mecanismos de privación de bienes de origen presuntamente ilícito no dejan de reforzarse, ampliando cada vez más los márgenes de intervención.