En este artículo se examina la actividad del Estado necesaria para la aplicación de las normas de derecho comunitario. La necesidad de que el Estado dicte disposiciones internas de aplicación de normas comunitarias se deriva en del propio carácter indirecto de ciertas normas comunitarias (directivas) que exigen normas estatales de desarrollo y de la incompletud de algunas normas comunitarias directamente aplicables que precisan un complemento normativo por parte de cada Estado miembro. Parece conveniente examinar de antemano los fundamentos jurídicos de la aplicabilidad en España de las normas comunitarias. El resto del trabajo está distribuido en torno a las grandes categorías normativas del derecho comunitario: Tratados, Normas comunitarias directamente aplicables y Normas comunitarias indirectas. Este texto se centra únicamente en las responsabilidades que incumben al Estado miembro para garantizar la plena aplicación de estas normas en el ámbito interno y trata algunos problemas específicos de la aplicación normativa del derecho comunitario en nuestro sistema jurídico.