El registro de jornada es un instrumento fundamental para garantizar el cumplimiento los derechos a la limitación de jornada y a la seguridad y seguridad en el trabajo, con el que se da cumplimiento a la obligación empresarial de controlar el tiempo de trabajo exigida por el Derecho de la Unión Europea. Inicialmente ausente en la legislación laboral española y excluida su obligatoriedad por el Tribunal Supremo, fue introducido por el legislador en 2019, fundamentalmente como medio de control de las extralimitaciones de jornada irregulares. Sin embargo, el Derecho de la Unión Europea apunta otra perspectiva, dominada por la idea de garantía de los derechos a la limitación de jornada y a la seguridad y salud en el trabajo. La regulación genérica del deber de registro en el art. 34.9 ET desplaza a la negociación colectiva o, en su defecto, a la decisión unilateral del empresario la regulación de sus aspectos fundamentales: ámbito de aplicación, sujetos intervinientes, contenido y características, y consecuencias de su incumplimiento. Al mismo tiempo, han surgido dudas interpretativas sobre cada una de estas materias que han sido resueltas por los tribunales con una estricta interpretación del texto legal.