El caso fue sometido al Tribunal, el 8 de marzo de 1988, por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el 14 de abril de 1988, por la Comision de Derechos Humanos, dentro de los tres meses que conceden de plazo, los articulos 32.1 y 47, de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Su origen estaba en una demanda (nº10454/83), dirigida contra el Reino Unido a la Comisión por un ciudadano britanico, el Sr. Gaskin, el 17 de febrero de 1983, basándose en el art. 25. La demanda de la Comisión remite a los arts. 44 y 48, así como a la declaración británica que reconoce la jurisdicción obligatoria del Tribunal (art.46). La demanda, al igual que la del Gobierno, tenía por objeto el obtener una decisión sobre si los hechos de la causa revelaban una violación del Estado demandado a las exigencias del art 8, además del art.10.