La intervención de las comunicaciones se ha constituido como un medio de investigación a través del cual se ha conseguido tener acceso a una gran cantidad de información sobre el hecho delictivo y su autor. Tras el avance en las comunicaciones, la Ley de Enjuiciamiento Criminal quedó sujeta a una regulación claramente insuficiente, pues a lo largo del siglo XX hubo un manifiesto desarrollo tecnológico en las comunicaciones entre personas. Ante tal necesidad, se aprobó la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, que dio paso, por vez primera, a la interceptación de las comunicaciones telefónicas; sin embargo, dicha norma fue calificada de imperfecta y, efectivamente, el TEDH y los tribunales internos en sus pronunciamientos expresaron la deficiencia legal. Con posterioridad, se ha aprobado una ley acorde con el desarrollo tecnológico, esto es, la Ley 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Asimismo, en la actualidad se ha procedido a la regulación de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 24 de noviembre de 2020. Ante estas circunstancias, es inexcusable mencionar que nos hallamos ante un fenómeno imparable, es decir, ante la digitalización de la justicia.