Con efectos uno de enero de 1999, la entonces vigente Ley 39/1998, Reguladora de las Haciendas Locales, recogía por primera vez la posibilidad de que los municipios españoles aplicasen en sus impuestos locales bonificaciones por razones de protección del medioambiente (que definiremos como bonificaciones medioambientales). Las primeras bonificaciones medioambientales afectaron al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), y tuvieron carácter potestativo, circunstancia que no sólo se ha mantenido hasta la actualidad, sino que también ha regido, y lo sigue haciendo, para el resto de las bonificaciones de esta naturaleza que, posteriormente, se han ido introduciendo en el resto de impuestos municipales. En la actualidad, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), contempla un total de siete bonificaciones medioambientales, que afectan a cuatro de los cinco impuestos municipales que recoge esta Ley. Casi dos décadas después de que el legislador abriera a los ayuntamientos la posibilidad de incluir bonificaciones medioambientales en sus impuestos locales, cabe plantearse en qué medida los municipios de la provincia de Alicante han hecho uso de esta potestad. Y este es, precisamente, el objetivo de nuestra investigación: analizar la aplicación actual de las bonificaciones medioambientales en los impuestos locales para los municipios de la provincia de Alicante. Nuestro estudio lo hemos acotado a todos aquellos municipios cuya población supera los 15.000 habitantes, resultando un total de 35 municipios, que son los que hemos analizado. Como podrá comprobarse, el carácter potestativo de las bonificaciones medioambientales unido al amplio margen de maniobra del que disponen los ayuntamientos para su regulación específica ha traído consigo una desigual aplicación en los distintos municipios analizados. En este sentido, cabe destacar que existen importantes diferencias, no solo por lo que respecta a la propia aprobación de la bonificación, sino en lo que se refiere a los requisitos exigidos para su disfrute y a los distintos porcentajes de bonificación establecidos por cada uno de los ayuntamientos que han optado por su implantación.