Existen dos problemas concretos que inciden en la ejecución de las sentencias que condenan a las entidades locales al pago de una cantidad pecuniaria: por un lado, la confrontación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y a la eficaz ejecución de sentencias que condenan a una Administración Pública; y por otro lado la búsqueda de la financiación necesaria para poder afrontar con las máximas garantías el pago y con el menor trastorno en la liquidez de la propia Administración. Este trabajo trata de analizar la colisión entre la tutela judicial efectiva y dos institutos esenciales del Derecho Financiero: la legalidad presupuestaria (el Presupuesto) y la financiación del mismo (el Gasto Público). Se analizan estos aspectos teniendo en cuenta la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio que establece un nuevo mecanismo de financiación de la ejecución de sentencias firmes para las Entidades Locales. Este trabajo se enmarca dentro de los siguientes proyectos de investigación: «Los planes de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y la seguridad jurídica en el ordenamiento europeo e internacional», (PROMETE0/2016/053) financiado por la Generalitat Valenciana a grupos de investigación de excelencia, y cuya investigadora principal es la Dra. Amparo Navarro Faure; «El plan de acción europeo contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y su incidencia en el Ordenamiento tributario español». DER2015-64816-P (MINECO/FEDER) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y cuyo investigador principal es el Dr. Emilio Cencerrada; y "La seguridad jurídica en el ordenamiento tributario español" (referencia DER2015-68072-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyos investigadores principales son la Dra. Begoña Pérez Bernabéu y el Dr. Jorge Martín López.