Existen dos mitos fuertemente arraigados en un amplio sector de la sociedad española, convencido, por una parte, que la edad de setenta años constituye una patente de corso para delinquir sin que la consecuencia jurídica asociada entrañe el ingreso en prisión y, por otra, que quien se halla cumpliendo condena en un establecimiento penitenciario y alcanza dicha edad obtiene, de manera automática, la libertad condicional. Sin embargo, no solo ambas creencias han carecido, desde siempre, de escarpia normativa que las sustentase, sino que la realidad penitenciaria ha evidenciado, desde antiguo, la presencia de ancianos en sus centros.

El presente trabaja se enmarca en el Proyecto de Investigación emergente GRE 13-22 «La política penitenciaria española en materia de consecuencias jurídicas del delito».