La rama social del derecho es una especialidad estrechamente vinculada a la evolución de la economía y a los resultados empresariales. En España, la grave crisis económica ha llevado a una desaforada producción de reformas en el régimen jurídico del contrato de trabajo, que también han afectado a la regulación de las relaciones colectivas, las normas procesales y las relativas a la materia de seguridad social, especialmente desde 2010, reformas que están sometiendo a esta rama del ordenamiento jurídico a un permanente estado de provisionalidad. Por el contrario, la insolvencia empresarial, traducida habitualmente en la declaración de un concurso de acreedores, ha experimentado una mayor estabilidad en su régimen regulador, de manera que, con posterioridad a la profunda reforma del año 2003, se introducen cambios en sendas reformas de 2009 y 2011, si bien la primera vinculada más a cuestiones técnicas y, la segunda, sólo relativamente orientada a potenciar las posibilidades de viabilidad futura de la empresa como fuente de actividad económica, y, por ende, de empleo.