Desde la aprobación de la Ley Concursal 22/2003 el concurso de acreedores ha suscitado un creciente interés por la doctrina tributarista española. Y ello porque el concurso produce importantes efectos sobre el crédito tributario y el procedimiento tributario de apremio. Además, la presencia de la Administración Tributaria en el proceso concursal, ora como acreedora ora como deudora o incluso como administradora concursal, presenta particularidades que merecen ser destacadas. La Ley 38/2011, de 10 de octubre de reforma de la Ley 22/2003 concursal, trata de resolver los problemas, entre otros, que afectaban a la Administración Tributaria, sin que ello suponga el restablecimiento de antiguos privilegios de ésta en el concurso o la ampliación de los ya existentes, sino que antes al contrario la reforma establece los mecanismos legales necesarios para asegurar el status jurídico de la Hacienda Pública en el proceso concursal configurado por la Ley de 2003. La reforma de 2011 tal y como su Exposición de Motivos señala no es una reforma radical de la misma ni supone un giro copernicano del texto legal vigente, sino que parte del reconocimiento de sus principios esenciales.