En el actual momento de evolución del Estado de Derecho, el proceso penal es entendido como una conquista de la civilización a la que no puede renunciarse bajo ningún concepto, en tanto que se configura como el único instrumento legítimo para la actuación del Derecho Penal, garantizando los derechos del acusado, las facultades de las partes acusadoras, y el acierto, en suma, de la decisión judicial sobre la aplicación o no del poder punitivo del Estado, ya sea adoptada por jueces profesionales o por jurados legos. Sin embargo, en donde se advierte una disparidad de opiniones, es en el modo en que deba conformarse el proceso, es decir, en cuáles han de ser sus principios rectores esenciales e inalterables, lo que trae su causa de las distintas concepciones de eficacia del proceso que se sostengan. ¿Podemos, entonces, referirnos a la posibilidad de confeccionar un proceso penal uniforme para ser aplicado en todos los Estados? La respuesta a este interrogante no es susceptible de inmediatez ni de formulación definitiva; antes bien, se encuentra condicionada por las insoslayables interacciones entre un concreto modelo de proceso penal y la sociedad en la que se intenta su aplicación. No obstante, con el fin de aportar soluciones que puedan ser estudiadas desde la perspectiva de la globalización de la justicia penal, se realiza un análisis de las características más relevantes del modelo de enjuiciamiento penal español y de sus tipologías básicas procedimentales. Fiscalía General de la Nación de Colombia