La publicidad institucional puede tener unos efectos políticos, al margen de los que le serían propios, cuando coincide con campañas político-electorales de los partidos en el gobierno. A partir de un caso concreto (las Elecciones Municipales y Autonómicas de 2003 en el ámbito de la Comunidad Valenciana), se pone de manifiesto el vacío legal existente o la insuficiencia de alguna de las disposiciones normativas en vigor, que permiten situaciones que parecerían difícilmente aceptables en otras condiciones. Por otra parte, la comparación entre las Leyes de Publicidad Institucional de dos Comunidades Autónomas (Cataluña y la Comunidad Valenciana) muestra el tratamiento sustancialmente distinto que tendrían las campañas aquí consideradas, al amparo de una u otra disposición reguladora.