El artículo analiza las posturas enfrentadas suscitadas tras la aprobación del Real Decreto ley 9/2018, de 3 de agosto en materia de violencia de género. Resumidamente, el artículo aborda las dudas surgidas sobre la utilización de este instrumento constitucional para legislar. Se podrían sintetizar en las siguientes: (a) Desde el punto de vista formal, las dudas se han centrado en la oportunidad de la utilización de un real decreto-ley para legislar sobre la materia dado que "desde el sector más crítico" se cuestiona que se den los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad"; (b) Desde el punto de vista sustantivo (o de fondo), los aspectos más cuestionados han sido: (1) La acreditación de la condición de víctima de violencia de género, para lo cual se ha modificado el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/20014, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOIVG, en adelante) y, (2) la intervención psicológica para menores expuestos a violencia de género, que ha requerido la modificación del art. 156 del Código Civil (CC, en adelante).