La evolución de la profesión sanitaria y de la sociedad han dado lugar al abandono del paternalismo clásico y al nacimiento de la etapa de toma de decisiones compartida. La manifestación más directa de este cambio de paradigma ha sido el reconocimiento del derecho al consentimiento informado. En nuestro país, la plasmación del mismo se produjo con la aprobación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En suma, se concreta en un derecho de configuración legal que supone el reconocimiento, a todos los pacientes, de dos facultades íntimamente conectadas: de un lado, poder conocer el estado de su salud y las implicaciones de la intervención que, en su caso, deba llevarse a cabo; de otro, tras recibir esta información, decidir lo que estime más adecuado en este ámbito. Además, como tuvo ocasión de destacar nuestro Tribunal Constitucional, el consentimiento informado tiene implicaciones constitucionales en tanto en cuanto opera como una garantía del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). Asimismo, lo cierto es que también pueden verse comprometidos otros derechos constitucionales como la libertad o la dignidad. De esta suerte, la tutela del consentimiento informado aparece como imprescindible, ya que, de otro modo, los usuarios de los centros de salud no podrán desarrollar su facultad de autodeterminación y su autonomía de la voluntad. En este sentido, entendemos que la responsabilidad civil merece ser repensada a la luz de los mandatos de nuestra Carta Magna, ofreciendo un sistema de reparación que sea respetuoso con los mismos.