La vigente Constitución establece, como derecho fundamental, el derecho a la igualdad, y esta es la premisa fundamental sobre la que se asienta el actual trabajo. En la medida que el expresado derecho ―como cualquier otro― no es ilimitado, y en la medida, igualmente, que los derechos colectivos del «personal investigador contratado» analizados no conviven en equilibrado parangón con los derechos colectivos de otros trabajadores (en especial, los funcionarios públicos), es por lo que pudiera, en algunos casos, quebrarse aquel derecho fundamental consagrado en el texto constitucional.