Las Administraciones Públicas no sólo llevan a cabo su actividad jurídico-urbanística mediante actos e instrumentos de ordenación y de ejecución de carácter unilateral, sino también cooperando con otros sujetos privados o públicos, dando lugar a los convenios de colaboración entre distintas Administraciones Públicas, y a los llamados usualmente convenios urbanísticos, entre la Administración y los propietarios o, en general, sujetos privados. En este breve estudio, vamos a tratar de sintetizar, de una forma muy general, las características de una figura impuesta por la práctica que, si bien no ha gozado - hasta su plasmación en las nuevas regulaciones autonómicas- de la acogida legal que debiera, ha sido utilizada de forma muy considerable en nuestra actividad urbanística, especialmente a partir de la década de los ochenta (1>.