Los avances en la teoría de los derechos sociales, los aportes del neoconstitucionalismo principialista europeo y latinoamericano, las contribuciones de las concepciones contemporáneas del Derecho y de la teoría de la argumentación jurídica, y la incorporación del enfoque de derechos en las políticas públicas, sumado al preocupante panorama social de América Latina y el Caribe, impulsan a los jueces constitucionales latinoamericanos a ejercer un control de viabilidad de las políticas públicas sociales y a esforzarse en intentar subsanar las violaciones sistemáticas de los derechos sociales por medio de sus decisiones, sobre todo cuando las referidas violaciones afectan a determinados grupos en situación de vulnerabilidad. La práctica de los jueces de controlar la viabilidad de las políticas públicas sociales puede conllevar riesgos, para contrarrestarlos, esta investigación propone que para decidir se tomen en cuenta los cuatro pasos siguientes: a) Diagnosticar el problema en la política pública social a partir de la observación y discusión abierta y democrática del tema; b) determinar las normas constitucionales y del bloque de constitucionalidad vulneradas por el problema; c) establecer el tipo de intervención u órdenes a impartir que se requieren ante la situación diagnosticada, para lo cual se deben tener claros los derechos de impostergable protección, cómo perjudica a los grupos en situación de vulnerabilidad y lo que se puede y no negociar por medio del debate democrático, porque de ahí dependerá la necesidad o no de crear directamente aspectos de la política pública o si es más conveniente el reenvío; y d) seleccionar los mecanismos adecuados y participativos para garantizar el cumplimiento de la decisión. Palabras clave: derechos sociales, neoconstitucionalismo principialista, constitucionalismo latinoamericano, activismo judicial, control jurisdiccional de políticas públicas sociales.