La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, contiene algunas medidas que delimitan efectivamente el contenido del derecho de propiedad de la vivienda con arreglo a su función social, y que desde el primer momento han sido muy criticadas por razones competenciales y sustantivas, con el Consejo General del Poder Judicial a la cabeza. Por ello, parece conveniente repasar ahora las principales declaraciones constitucionales sobre este mismo núcleo de problemas para comprobar cuál es la opinión del Tribunal Constitucional al respecto.