El objetivo de este artículo es defender la tesis de que el uso indiscriminado del concepto “riesgo” en el sistema de salud termina limitando las posibilidades de transferir derechos a la ciudadanía y al mismo tiempo avanzar hacia la equidad. En primer lugar, para probar esto, se presentan argumentos que demuestran que los procesos de definición de lo que es riesgoso o no, responden a cuestiones ideológicas y no a cuestiones de naturaleza necesariamente científica, ni medible. En segundo lugar, se demuestra que los programas responsables de definir y evaluar el riesgo enfatizan en la definición y valoración de los déficits individuales, ignorando las barreras estructurales que existen en el país. Además, asocian el riesgo a peligro, cuestión que provoca que se discrimine todo lo que se considere en esta categoría. Por último, se propone utilizar las perspectivas teóricas que también observen las fuerzas y el capital social que poseen las personas y las comunidades, con el objeto de dejar de ver los indicadores de riesgo como cuestiones naturales y fácticas y confiar en todos las personas y categorías que son consideradas peligrosas