Este trabajo tiene por objeto analizar el reconocimiento constitucional de la potestad administrativa sancionadora. Si bien su ejercicio ha operado bajo un régimen de tolerancia respaldado por una profusa construcción jurisprudencial, cabe analizar la necesidad de efectuar una regulación expresa de dicha potestad en la Carta fundamental. Junto con ello, el trabajo propone una serie de principios y reglas que una eventual regulación general de la potestad sancionadora debiera considerar.