Con el ánimo de frenar el transfuguismo, algunas leyes autonómicas han limitado derechos políticos y económicos de concejales no adscritos, como ostentar dedicación exclusiva o parcial, o ser designados como cargos directivos en entidades de la corporación. Estas regulaciones han generado importantes controversias políticas y jurídicas, que acrecientan las dudas acerca de su conformidad con la Carta Magna y ha terminado con el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad que, sin embargo, ha sido inadmitida a trámite recientemente por el Tribunal Constitucional. En el presente trabajo se realiza una valoración jurídica sobre la posible contravención en estas normas autonómicas del articulo 23 de la Constitución Española, y se hace un análisis crítico sobre el reciente auto de inadmisión del Tribunal Constitucional.