La presente investigación analiza la fundamentación jurídica de la nulidad procesal y la nulidad constitucional dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, considerando su importancia como mecanismos de protección del debido proceso, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales. El estudio surge de la necesidad de diferenciar las consecuencias jurídicas derivadas de las irregularidades procesales frente a aquellas actuaciones que vulneran directamente normas constitucionales y afectan la validez del proceso judicial. El objetivo fue determinar el alcance, fundamento y aplicación práctica de estas instituciones jurídicas, especialmente dentro del ámbito penal. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con un diseño no experimental y de corte transversal, mediante el análisis jurídico doctrinal, normativo y jurisprudencial, complementado con la aplicación de encuestas a 15 jueces del cantón Morona, provincia de Morona Santiago. Los resultados evidenciaron que el 86,67% de los jueces considera que la nulidad procesal constituye un mecanismo de protección del debido proceso; mientras que el 93,33% reconoce que la vulneración de derechos constitucionales dentro de un proceso judicial puede generar nulidad constitucional. Asimismo, el 80% identificó diferencias entre la nulidad procesal y la nulidad constitucional, destacando que la primera se relaciona con la afectación de normas procedimentales y la segunda con la vulneración directa de derechos fundamentales. Además, el 86,67% señaló que una aplicación incorrecta de la nulidad puede afectar la seguridad jurídica. Se concluye que ambas instituciones cumplen una función garantista dentro del Estado constitucional de derechos y justicia, al permitir controlar la actuación jurisdiccional y asegurar procesos compatibles con los principios constitucionales.