Este artículo toma el caso de Colombia para analizar el choque entre dos sistemas de avalúo inmobiliario. Por un lado, tenemos métodos emergentes, basados en la lógica del common law, que buscan adaptarse a estándares globales y predecir resultados de mercado. Por otro lado, encontramos el sistema tradicional colombiano, anclado en una estructura legal de tipo continental que prioriza el cumplimiento de listas de chequeo sobre el análisis científico del mercado. Analizamos las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, y sus respectivos actos legales de implementación (resoluciones), para demostrar cómo la práctica del avalúo para fines públicos en Colombia ha moldeado una figura del avaluador como un “empleado público temporal”. Esta lógica, con sus limitaciones procedimentales, ha sido transferida al avalúo inmobiliario privado, a pesar de que este último debería centrarse en el análisis y predicción de mercados.