El comentario se refiera al caso State v. Pickett, dictado por la Corte Suprema de Nueva Jersey, que marca un punto de inflexión en la jurisprudencia estadounidense sobre la admisibilidad de nuevas tecnologías en el proceso penal. El objeto del caso fue la aceptación de la evidencia de cargo generada por TrueAllele, un software de genotipificación probabilística. La defensa objetó la falta de acceso al código fuente del programa para su control. El debate abarcó cuestiones estructurales relacionadas con la transparencia, la auditabilidad y el control judicial de herramientas tecnológicas con pretensión probatoria. El precedente alerta sobre los riesgos de delegar funciones esenciales del Estado en tecnologías opacas desarrolladas con fines comerciales, y subraya la necesidad de establecer estándares públicos rigurosos para su admisibilidad. Inaugura así un debate ineludible: cómo compatibilizar los avances de la ciencia de datos con los pilares constitucionales del proceso penal, asegurando que la innovación no comprometa las garantías tradicionales que sostienen un juicio justo e imparcial.