Actualmente, España se encuentra inmersa en el proceso de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, norma que obligaba a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar, antes del 25 de diciembre de 2022, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en aquella y a aplicar las nuevas disposiciones a partir del 25 de junio de 2023. En España ya existen mecanismos de defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios. Sin perjuicio de las normas sectoriales, la regulación básica que se debe tener en cuenta en esta materia es la contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y en la Ley 7/1998, de 13 de abril, pero la regulación vigente es dispersa y, en muchas ocasiones, confusa. En el presente trabajo, se abordará el análisis de la regulación vigente en España de las acciones colectivas como medio de tutela de los intereses de los consumidores y los principales pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre determinadas cuestiones planteadas por esta normativa, así como los principales aspectos de la Directiva (UE) 2020/1828 y del Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.