Facilitar el acceso eficaz de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia a la justicia y la atención especializada en el procedimiento judicial, a través de la especialización de los órganos judiciales, de la fiscalía y de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a juzgados y tribunales, ha pasado a ser una exigencia normativa que implica la puesta en marcha de todos los mecanismos a este fin desarrollados por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.