Aparte de la invasión de Ucrania, pocos temas están causando tanta preocupación a la Unión Europea como la crisis del respeto del Estado de derecho. Polonia y Hungría continúan encabezando la clasificación de los mayores infractores, aunque no son los únicos. Poco a poco está surgiendo el consenso sobre la ausencia de una verdadera democracia en Polonia, mientras que Hungría se acerca peligrosamente a ese estatus, habiendo experimentado en los últimos tiempos una peligrosa erosión de la vigilancia judicial sobre el poder ejecutivo. Todos estos desafíos requieren una adecuada reacción de las instituciones de la Unión porque la realidad de los últimos años refleja un creciente número de casos en los que algunos gobiernos buscan conscientemente socavar sistemáticamente algunos de los valores claves de la Unión. Es entonces cuando nos hemos dado cuenta de las insuficiencias del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea para abordar los desafíos sistémicos contra estos valores, permitiendo un desafortunado impasse en el Consejo. Sin embargo, desde finales de 2017 una serie de fallos fundamentales han revelado la firme voluntad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para actuar como guardián de la ortodoxia del orden constitucional europeo para proteger, al menos, la independencia judicial en los Estados miembros. En este contexto, los procedimientos de infracción a través del procedimiento acelerado, acompañados de medidas cautelares de suspensión bajo apercibimiento de cuantiosas multas, han demostrado ser una forma efectiva de reaccionar frente a la actual crisis del Estado de derecho en algunos Estados miembros.