Después de repasar las vicisitudes que han afectado a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, constatada la dificultad de implantar el modelo administrativo en que se sustenta, el autor analiza las ventajas que supondría reorientar dicha ley para que las funciones de registro civil se mantengan en los juzgados, defendiendo la tesis de que tal solución -recientemente acogida por el Ministerio de Justicia- solo es viable constitucional y legalmente si los jueces permanecen al frente del Registro Civil. Se efectúa, además, una propuesta concreta sobre la estructura y la distribución de competencias entre jueces y letrados en el nuevo Registro Civil judicial.