La declaración de los espacios naturales protegidos lleva aparejada una serie de consecuencias sobre la propiedad de los particulares que no pueden desconocerse. La labor de conciliación entre las necesidades de conservación y la protección del medio ambiente (art. 45 CE) con el derecho de propiedad (art. 33 CE) no están exentas de polémica social y judicial. Se impone, por tanto, que, en aras a la seguridad jurídica, el Estado de Derecho refuerce todos los mecanismos puestos a disposición de la sociedad para que las tensiones existentes puedan solventarse con las debidas garantías, analizando en el presente artículo la situación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía desde un enfoque integral.